Por Justi Muñoz
Cuando proteger a los más débiles se usa como excusa política del PP, Junts y Vox para no aprobar la subida de las pensiones, utilizando como coartada un decreto que, en realidad, tiene un objetivo claro y limitado: proteger temporalmente a personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad.
El Real Decreto-ley 16/2025 prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los desahucios de la vivienda habitual y la prohibición de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) para hogares vulnerables. No se trata de una amnistía ni de un “cheque en blanco”, sino de una medida excepcional y condicionada.
¿Qué condiciones debe cumplir la familia?
Para acogerse a esta protección, la unidad familiar debe:
Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y social, acreditada mediante informe de los servicios sociales.
No disponer de alternativa habitacional digna.
Cumplir determinados umbrales de ingresos y circunstancias personales (familias con menores, personas mayores, dependientes, víctimas de violencia de género, entre otros).
Estar empadronada en la vivienda habitual.
Sin este informe social, no se aplica la suspensión. No basta con alegar dificultades económicas.
¿Qué ocurre con el propietario o la entidad bancaria?
El decreto no elimina derechos ni impide reclamar lo adeudado:
Si la vivienda es de alquiler, el propietario mantiene intacto su derecho a:
Reclamar las rentas impagadas.
Recuperar la vivienda una vez finalice la suspensión.
Solicitar una compensación económica por el tiempo en que no ha podido disponer del inmueble, con plazo hasta el 31 de enero de 2027.
Si se trata de una hipoteca, la entidad bancaria:
Conserva el derecho a ejecutar la deuda.
Ve aplazado el lanzamiento, no cancelado.
Puede seguir reclamando las cantidades pendientes conforme a la ley.
Es decir, no se perdona la deuda, solo se evita que una familia vulnerable sea expulsada de su casa mientras los servicios sociales buscan una solución.
La manipulación política
Convertir a estas personas en supuestos “okupas”, estigmatizarlas y elevarlas a problema social, para usarlas como arma política, es profundamente injusto. Más aún cuando se hace para bloquear avances tan esenciales como la subida de las pensiones o la protección de los suministros básicos.
La utilización del sufrimiento ajeno como moneda de cambio político revela una catadura moral muy cuestionable. En este sentido, la posición mantenida por PP, Vox y también Junts demuestra una preocupante falta de sensibilidad social y una peligrosa instrumentalización del miedo y la desinformación.
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