Por Justi Muñoz
Nos está quedando una democracia con demasiada gaseosa. Una democracia rebajada, desgastada por el ruido constante, por el enfrentamiento permanente y por una utilización de las instituciones que cada vez genera más desconfianza en la ciudadanía.
El poder político y el poder judicial deberían caminar juntos en la defensa de la democracia y del Estado de derecho. El Gobierno y el Parlamento tienen la responsabilidad de legislar, debatir y construir mayorías que fortalezcan el sistema democrático. Y los jueces demócratas —que seguramente son la mayoría— deben impedir que la justicia se convierta en una herramienta de lucha política.
Pero también la sociedad tiene una responsabilidad. Debemos educar en democracia, tanto en las aulas como en la calle. Porque una democracia sólida necesita ciudadanos que crean en las instituciones, aunque las critiquen y exijan que mejoren.
Sin embargo, cada día se percibe más una justicia con distintas velocidades y diferentes varas de medir.
Ahí están casos como Gürtel, Kitchen o el caso Montoro. Especialmente llamativos fueron los audios relacionados con M. Rajoy y Cospedal, mientras algunos jueces parecían actuar más como abogados defensores que como garantes imparciales de la ley.
En otros asuntos, como el de Ayuso y su pareja, se producen situaciones difíciles de entender para la ciudadanía: se aparta al presidente del PP que hablaba públicamente del caso y los procedimientos se dilatan mientras informes de la UCO siguen sin aparecer.
También sorprenden determinados contrastes judiciales. Aldama, procesado por una estafa relacionada con hidrocarburos, permanece en libertad, mientras Cerdán está en prisión preventiva sin que todavía se conozca claramente el alcance de los hechos que se le atribuyen.
Los antecedentes tampoco ayudan a generar confianza. Los procesos contra Podemos basados en informaciones falsas, el caso de Mónica Oltra o el de los ERE dejan demasiadas preguntas abiertas y alimentan la sensación de que algo necesita revisarse en el funcionamiento de la justicia.
El juicio relacionado con las mascarillas contra Koldo, Aldama y Ábalos también deja imágenes difíciles de explicar. A uno se le solicitan cuatro años de condena y a otros veinticuatro, mientras otros contratos similares han quedado prácticamente impunes, incluso con precios más elevados que los cuestionados en este caso.
A ello se suman procesos como el juicio al fiscal general o las causas abiertas contra Begoña Gómez y el hermano de Pedro Sánchez, procedimientos que para muchos ciudadanos parecen más ejercicios de desgaste político que investigaciones con fundamento sólido.
Se juzga a Zapatero, pero no a Aznar con un negocio de viviendas montado desde los fondos buitre, entre otros muchos.
Por eso resulta legítimo que muchos ciudadanos observen con escepticismo determinadas actuaciones judiciales y se pregunten si realmente todos los procesos responden únicamente a criterios jurídicos objetivos.
Y el problema es que todo esto tiene consecuencias profundas. No solo afecta a las personas investigadas, a sus familias o a los partidos implicados. También erosiona la credibilidad de las instituciones. El barro permanente, los bulos difundidos diariamente y la crispación política constante están haciendo mucho daño.
A la desafección hacia la política se empieza a sumar algo aún más peligroso: la pérdida de confianza en la justicia.
Necesitamos volver a unir a la sociedad alrededor de un proyecto democrático común. Recuperar el valor de la política útil, la que propone ideas y soluciones reales para la gente. Defender una justicia independiente y respetada. Y recordar que la inmensa mayoría de servidores públicos, tanto jueces como políticos, cumplen honestamente con su trabajo.
España tiene fortalezas enormes. Somos un país que lidera muchos avances en Europa, que ha sabido responder a crisis difíciles y que mantiene una voz relevante en el escenario internacional. Hemos demostrado capacidad para afrontar problemas sanitarios, económicos y sociales con responsabilidad y solidaridad.
Por eso, si de verdad nos consideramos patriotas, deberíamos empezar por defender nuestro país de los bulos, de la manipulación y de la política del “todo vale”. Porque una democracia no se destruye de golpe: se va vaciando poco a poco, hasta quedarse solo con la gaseosa.
