🏥 Sanidad pública en España: de la beneficencia a la universalidad
Por Justi Muñoz
Defensor del medio rural y del Estado del bienestar.

Hospital General Universitario de Albacete. Imagen: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).
🕊️ 1931: la República que soñó con una sanidad para todos
La Segunda República nació con un proyecto de modernización social que abarcaba educación, derechos laborales y también sanidad. Por primera vez, se concibió la salud como un derecho ciudadano, no como una dádiva o un privilegio.
En 1934 se creó el Ministerio de Sanidad y Beneficencia, con el objetivo de coordinar la atención médica, combatir las enfermedades infecciosas y mejorar la higiene pública. Se impulsaron campañas de vacunación y programas de maternidad. La medicina pública empezaba a mirar a Europa y a dejar atrás la beneficencia.
Aquel sueño fue interrumpido brutalmente por la Guerra Civil y la dictadura, pero dejó plantada la semilla de lo que años después sería el Sistema Nacional de Salud.
⚙️ El franquismo: caridad, igualas y seguros para unos pocos
Con la dictadura llegó la vuelta al pasado. El franquismo desmontó los avances republicanos y reinstauró un sistema basado en la beneficencia y la desigualdad. La atención sanitaria dependía, otra vez, del bolsillo de cada uno o de la caridad.
Los más pobres acudían a la beneficencia municipal o a las llamadas igualas, una especie de cuota que se pagaba a los médicos rurales. En muchos pueblos, los ayuntamientos tenían que cubrir los gastos médicos de los vecinos sin recursos.
En 1942, el régimen creó el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), pensado para los trabajadores asalariados. Fue un paso adelante, pero limitado: solo protegía a quien cotizaba, dejando fuera a campesinos, autónomos, mujeres y jubilados.
La sanidad franquista fue corporativa y asistencial, no universal. Un sistema dual: beneficencia para los pobres y seguros laborales para los que tenían empleo.
Un ejemplo trágico fue el retraso en la vacunación contra la poliomielitis. Mientras en la mayoría de los países europeos la vacuna se aplicaba desde comienzos de los años cincuenta, España no la introdujo hasta 1958, y con cobertura mínima. Aquella demora costó caro: miles de niños quedaron marcados de por vida, víctimas de una enfermedad evitable que el régimen ocultó bajo estadísticas maquilladas.
🏛️ Democracia y Constitución: la salud como derecho
Con la Transición llegó un cambio de paradigma. La Constitución de 1978 reconoció en su artículo 43 el derecho a la protección de la salud y obligó a los poderes públicos a garantizarla.
Durante los primeros años de la democracia, España todavía arrastraba un sistema sanitario desigual y fragmentado. Pero el giro definitivo llegó con una ley que lo cambió todo: la Ley General de Sanidad de 1986 ( Ley 14/1986 de 25 de abril), impulsada por Ernest Lluch, ministro de Sanidad del gobierno de Felipe González.
Lluch creó el Sistema Nacional de Salud (SNS), basado en tres principios fundamentales: universalidad, equidad y gratuidad. Desde entonces, la sanidad se reconocía como un derecho de ciudadanía, no como un beneficio laboral.
El nuevo sistema integró la beneficencia, las mutualidades y los seguros dispersos en un modelo único, público y descentralizado. Por fin, cualquier persona, trabajara o no, tenía derecho a ser atendida.
🌍 Los años 2000: más derechos, más cohesión
Con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, la sanidad pública se consolidó y amplió derechos. Se aprobaron leyes que reforzaron la coordinación entre comunidades autónomas y ampliaron la cobertura a colectivos antes marginados, como inmigrantes y jóvenes sin empleo.
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (2010) fue otro paso importante hacia una sanidad pública más moderna y respetuosa con los derechos individuales.
A comienzos del siglo XXI, el sistema sanitario español era uno de los más reconocidos del mundo: eficaz, sostenible y universal. Un modelo que muchos países envidiaban.
⚠️ 2012: los recortes y el intento de retroceso
La crisis económica y la llegada del gobierno de Mariano Rajoy en 2011 supusieron un punto de inflexión. En 2012, el Real Decreto-Ley 16/2012, enero del 2012, limitó el acceso a la sanidad pública, volviendo a vincularla a la condición de asegurado.
Miles de personas quedaron excluidas, especialmente inmigrantes sin papeles y ciudadanos sin cotización. Fue un retroceso histórico, acompañado de recortes, copagos y privatizaciones en comunidades como Madrid y Valencia.
Aquel periodo también dejó un episodio doloroso: la restricción de los tratamientos contra la hepatitis C. Durante años, los nuevos fármacos se reservaron solo a los casos más graves por razones de coste. Muchos pacientes esperaron —algunos sin éxito— a que su enfermedad avanzara para poder acceder a la cura.
Las mareas blancas inundaron las calles defendiendo la sanidad pública. Aquella resistencia social fue decisiva para mantener vivo el espíritu del sistema universal.
💪 2018: recuperar la universalidad
Con la llegada del gobierno de Pedro Sánchez, se dio marcha atrás a las restricciones impuestas por Rajoy. El Real Decreto-Ley 7/2018 (real decreto-ley 7/2018, de 27 de julio) devolvió a la sanidad su carácter universal, garantizando el acceso a todas las personas residentes en España, sin importar su situación administrativa.
Desde entonces, se ha intentado reforzar la atención primaria, mejorar las condiciones del personal sanitario y modernizar infraestructuras. La pandemia de la COVID-19 evidenció la importancia vital de un sistema sanitario fuerte, público y bien financiado.
❤️ Un derecho que se defiende cada día
La historia de la sanidad pública es una historia de dignidad. De la beneficencia y las igualas a la universalidad y el derecho ciudadano. Cada paso adelante ha sido fruto de la política, del compromiso social y de la defensa colectiva del bien común.
Hoy, más que nunca, conviene recordar que la sanidad pública no es un regalo, sino una conquista. Y que su preservación depende de todos: de las instituciones, de los profesionales y de una ciudadanía que no olvida que sin salud pública, no hay igualdad, ni justicia, ni democracia real.
